En una causa por tráfico de drogas, la defensa necesita conocer cómo se atribuyen las conductas, qué elementos las sostienen y cuál es la intervención que se imputa a cada investigado. Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos estudia procedimientos relacionados con drogas y presunta participación en organizaciones delictivas, con atención a las comunicaciones, los registros, los informes sobre las sustancias y la documentación económica. El objetivo del encargo es preparar la respuesta jurídica desde el contenido concreto del expediente.
Consultar mi caso
El estudio del asunto reúne las resoluciones judiciales, los atestados, las diligencias de investigación y los informes técnicos. Se contrasta la secuencia de obtención de los elementos probatorios con las conclusiones que sostiene la acusación. Cuando existen varias personas investigadas, se organiza la documentación por conductas y atribuciones individuales, para precisar qué se afirma sobre el cliente y qué datos se utilizan para fundamentarlo.
Las conversaciones, los contactos y los movimientos económicos deben examinarse dentro de su contexto. La preparación de la defensa comprende el estudio de la calificación jurídica, las circunstancias invocadas y las diligencias que puedan aclarar el asunto. También se valoran las actuaciones relativas a la situación personal del investigado, la intervención de bienes y la preparación del juicio, según la fase en que se encuentre la causa.
En expedientes voluminosos, la preparación necesita localizar el documento original que sustenta cada afirmación del atestado. Una referencia a una conversación, un alias o una operación bancaria se estudia junto con sus fechas y documentos de soporte. Se diferencian los datos directamente observados de las conclusiones de los investigadores y se ordenan las piezas que afectan al cliente. Si existen actuaciones reservadas o documentación todavía no accesible, se planifica el trabajo sobre lo disponible y se incorpora el nuevo material cuando pueda examinarse.
Estudio de las comunicaciones incorporadas al procedimiento, su contexto y los elementos empleados para atribuirlas al cliente. Se revisan las conversaciones seleccionadas, las referencias temporales y su relación con otras diligencias, identificando los extremos que conviene aclarar mediante documentación, interrogatorios o prueba técnica.
Revisión de las actuaciones de registro, las actas de intervención y los informes de laboratorio. Se examinan la identificación, el pesaje, las muestras y el recorrido documentado del material, así como las cuestiones técnicas o procesales que puedan resultar relevantes para discutir su alcance probatorio.
Análisis de la función que se atribuye a cada investigado y de los elementos que la sostienen. Si se alega pertenencia a una organización, se estudian los hechos concretos invocados y su encaje jurídico, evitando tratar todas las relaciones o intervenciones como si fueran equivalentes.
Examen de movimientos, titularidades y operaciones incorporados a la investigación, junto con la documentación que permita explicar su origen o finalidad. La defensa aborda también las decisiones sobre bienes intervenidos y las consecuencias patrimoniales discutidas en la causa, dentro del alcance del encargo profesional.
El estudio de estas causas puede reunir informes sobre sustancias, interpretaciones de conversaciones y reconstrucciones de una actividad organizada. La formación se aplica a comprender esos materiales y formular preguntas de defensa.
El Máster en Toxicología de Urgencias de la Universidad CEU aporta una base para comprender la terminología de los informes sobre sustancias y plantear aclaraciones a los profesionales responsables de sus análisis y conclusiones.
Formación y trayectoriaEl Grado en Criminología, con mención en Investigación en la Escena del Crimen, de la Universidad Isabel I y el Máster en Investigación en Criminología y Ciencias Forenses de la UEMC orientan el estudio de secuencias, relaciones e indicios.
Formación y trayectoriaEl Diploma Universitario en Lingüística Forense de la Universidad de California de Pensilvania aporta formación para examinar el contexto de expresiones y conversaciones. En la defensa interesa precisar qué dice un mensaje y cómo se fundamenta la interpretación que se le atribuye.
Formación y trayectoriaLa dirección jurídica prepara las cuestiones que deben aclararse. Cuando son necesarios análisis de laboratorio o comprobaciones informáticas, se define el objeto de la intervención del profesional correspondiente.
En un supuesto ilustrativo, la investigación atribuye al cliente un alias utilizado en varios mensajes y relaciona una conversación abreviada con una entrega. La defensa examinaría qué datos identifican al interlocutor, si el intercambio está completo y cómo se conecta con desplazamientos, registros u otros elementos de la causa. Una cuestión sería el significado del texto; otra, su atribución a una persona.
El artículo 368 del Código Penal describe diversas conductas y vincula la posesión a las finalidades que establece. La valoración exige examinar el conjunto de circunstancias y pruebas. En la consulta se estudia qué conducta se atribuye y cómo se fundamenta en el procedimiento.
La primera revisión permite delimitar la posición del cliente, la documentación disponible y los próximos trámites. A partir de ese examen se concreta el encargo y se organiza el expediente, prestando atención a las atribuciones individuales y a las diligencias compartidas con el resto de investigados.
Para delimitar el encargo interesa conocer la resolución más reciente, la situación personal del cliente, los próximos señalamientos y el índice de las actuaciones disponibles. La revisión inicial permite dimensionar el trabajo y acordar las fases. Después se organiza el expediente por diligencias y atribuciones, con atención prioritaria a las decisiones que tengan un plazo próximo.
El artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite revisar las resoluciones sobre prisión y libertad provisionales durante la causa. El trabajo jurídico estudia los motivos actuales de la medida, su evolución y la documentación personal relevante para preparar la petición que corresponda. La presentación de una solicitud no determina por sí misma la decisión judicial.